El texto compila los debates suscitados en el Ciclo de Foros organizado por la Comisión Permanente de Medios de Comunicación social de la Cámara de Diputados del Congreso de la República de Venezuela, en 1990. No indica fuentes. Se discuten temas relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información, la relación entre los medios de comunicación social y los partidos políticios, entre otros.Personalidades vinculadas a la investigación de la comunicación dan fundamento a los planteamientos realizados. En la dinámica preguntas-respuestas, se evidencian criterios que pretenden esclarecer puntos de interés en cuanto a los temas del foro. La libertad de expresión en Venezuela está condicionada por la propiedad oligopólica y neoliberal de los medios por parte de grupos económicos específicos. Es necesaria una organización de la sociedad que luche por acceder a las estructuras de difusión y garantice la participación del colectivo en las actividades de interés nacional. El ciudadano y las organizaciones comunitarias deben coordinar sus esfuerzos para hacer sentir sus posiciones, fortalecer su voz popular ante el Estado y los Medios. Esto redundará en un mejor proceso comunicacional que brindará apoyo a la solución de muchos de los problemas que confronta el venezolano en la actualidad. Los medios de comunicación social se han convertido en un medio casi dictatorial sobre lo que se debe y puede difundir, determinando en gran medida a la opinión y la actividad pública del país. Esto es porque los medios están en control de muy pocas manos y porque se carece de una comunidad organizada que ejerza presión sobre el tipo de programación. Los intereses de los dueños de medios se encuentran frecuentemente entrelazados con los intereses del gobierno de turno, así como de los partidos políticos de su preferencia o que puedan beneficiar su libre empresa y promover su poder. El control de los medios es una vía hacia el poder político. Se deben regular los abusos de las programaciones televisivas, de la publicidad comercial, electoral y gubernamental y procurar elevar la calidad de los contenidos emitidos. El Estado y el Congreso deben velar por el cumplimiento de las ordenaciones jurídicas y la Fiscalía General debe hacer sentir su presión sobre los medios a fin de dar real cumplimiento a las leyes, decretos y regulaciones que se promulgan para beneficiar a la sociedad y controlar el imperio comunicacional que avecina.